La legisladora exhorta al Ejecutivo del Estado para regular el reordenamiento de los taxistas en el estado y para frenar la contaminación en la reserva ecológica Tembladeras.
La diputada Rocío Pérez Pérez, representante del Grupo Legislativo de
MORENA se pronunció en torno al programa de reordenamiento y regulación
vehicular y la problemática que enfrentan los concesionarios taxistas en
el Estado en razón del crecimiento desmesurado en los últimos años.
Abundó en el impacto económico que han tenido los taxistas por el
aumento en los precios de gasolina, dentro de otros gastos como la
tarjeta anual de identificación como operador de transporte público que
afectan sus bolsillos.
Por lo que exhortó al Gobierno estatal para extender el plazo para el
reordenamiento vehicular, ya que sólo se cuenta con 10 módulos para los
212 municipios, por lo que se debe bajar el costo del reordenamiento y
la vigencia del mismo; implementar el número de módulos en el estado y
cesar los operativos recaudatorios donde se sanciona y levanta a la
unidad mediante grúas por no haber realizado el reordenamiento.
La legisladora también presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo por
el que exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través de las áreas
encargadas de procurar y defender al medio ambiente en la entidad y a
las dependencias federales a que actúen en la conservación y
restauración de los ecosistemas terrestres, marinos y humedales,
principalmente en la reserva ecológica de Tembladeras Laguna-Olmeca en
los municipios de Boca del Río y Medellín.
En tribuna explicó que Veracruz cuenta con 116 mil hectáreas de
estuarina, concentrando al menos a 90 lagunas y 40 ríos conformando 12
grandes cuencas hidrológicas.
Expuso que los humedales juegan un papel importante para el ser humano
dando fuentes de agua dulce, produciendo especies vegetales y animales,
evitando inundaciones, ya que actúan como esponjas que almacenan y
liberan poco a poco el agua.
Pérez Pérez hizo un llamado a las autoridades de Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de Protección
al Medio Ambiente (PMA), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y al
Ejecutivo del estado para que a través de la Ley General de Equilibrio
Ecológico de Protección al Ambiente se castigue a quien realice obras o
actividades que afecten el ambiente y sean obligados a prevenir,
minimizar o reparar los daños que causen, así como asumir los costos que
dicha afectación implique.
