Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves a Ángel «N», exgobernador de Guerrero, por su presunta participación en una operación destinada a ocultar evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en el Estado de México por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
De acuerdo con la fiscal, un nuevo análisis de las actuaciones permitió abrir líneas de investigación sobre las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, en Iguala.
Las imágenes habrían registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron el autobús Estrella de Oro número 1531, en el cual viajaba un grupo de normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aunque las primeras versiones oficiales atribuyeron la inexistencia del material a presuntas fallas técnicas, la FGR sostiene que investigaciones posteriores permitieron establecer que las grabaciones sí existieron.
Godoy explicó que, en enero de 2026, una persona colaboradora declaró que los videos fueron sustraídos y entregados directamente al entonces mandatario estatal, el testimonio también hizo referencia a amenazas que habrían impedido revelar antes esta información.
Posteriormente, en mayo, un segundo testigo protegido señaló que Aguirre presuntamente ordenó, durante una reunión con funcionarios de primer nivel, desaparecer las evidencias vinculadas con los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La Fiscalía considera que el ocultamiento no habría sido un hecho aislado ni una omisión técnica, sino una operación presuntamente deliberada en la que habrían participado servidores públicos estatales de alto nivel.
La FGR aseguró que mantiene informadas a las familias de los 43 jóvenes y reiteró que continuará las investigaciones para conocer su paradero y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.
Ángel «N» deberá ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que resolverá su situación jurídica.
Conforme al debido proceso, debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
