Con motivo de la aprobación el martes 19 de diciembre del nombramiento de los ciudadanos Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez como magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por parte de 37 diputados de la LXIV Legislatura, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), en su capítulo México, lanzó un comunicado.
En el documento señala que a mediados de octubre advirtieron que las reformas a la Constitución Política del estado de Veracruz e iniciativas de ley que darían base al Sistema Local Anticorrupción (SLA), impulsadas desde el Ejecutivo estatal, contenían defectos observados por varias organizaciones no gubernamentales.
«Fuimos claros en señalar las deficiencias que enfrentaría la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Una de éstas fue que no abona a su autonomía el que los magistrados de este Tribunal fueran nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador», continúa el boletín.
Asimismo, menciona que es preocupante que los legisladores concedieran su voto «sin una discusión abierta, de frente a la ciudadanía, y sin la evaluación del perfil orientado al mérito. El solo nombramiento de Pedro José María García Montañez, quien se desempeñaba hace apenas unas semanas como secretario particular del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, configura la sospecha de que la clase política del estado intenta perpetuarse en la impunidad».
La ONEA urge a realizar nombramientos apegados a los estándares internacionales para la designación de altos funcionarios que integrarán el Sistema Local Anticorrupción.
Finalmente, advierte que como organización de la sociedad civil, permanecerá vigilante del proceso de integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, «toda vez que el Congreso del Estado ha emitido la convocatoria pública para designar a los integrantes de la Comisión de Selección que se harán cargo de esta fase».
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